El estimado de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) podría llegar solamente al 3%, muy por debajo de los pronósticos de inicio de año, y de las necesidades reales del país.
Por Guillermo Dulanto. 16 noviembre, 2022. Publicado en el suplemento Semana, de El Tiempo, el 13 de noviembre del 2022.
La situación económica del Perú está siendo muy complicada para las personas y las empresas; aunque, no es una situación de extrema gravedad, porque ha habido un contexto favorable de precios internacionales y una reacción positiva del Banco Central de Reserva (BCR) frente a la inflación; y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) frente a la falta de financiamiento de las empresas.
Sin embargo, el estimado de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) podría llegar solamente al 3%, muy por debajo de los pronósticos de inicio de año, y de las necesidades reales del país (necesitamos crecer, por lo menos, 7% anual para atender la creciente demanda laboral).
Recientemente Fitch Ratings modificó la perspectiva crediticia del Perú, de estable a negativa, debido al deterioro de las condiciones internas causado por la inestabilidad política, pero mantuvo la calificación crediticia del país en BBB (que nos coloca como un país con grado de inversión), sobre la base de una controlada deuda pública y mantenimiento de prudentes políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias. Hay que considerar que el déficit fiscal, al final del 2022, podría ubicarse en 1,9%, muy por debajo de la mayoría de países de la región y dentro de la regla establecida por la normatividad vigente. Esto nos ubica como el de menor ratio (32%) deuda sobre PBI.
Sin embargo, para el 2023, debido a la posible caída en los precios internacionales de los minerales, se estima que existirán complicaciones negativas en las condiciones externas, que afectarán nuestras exportaciones de minerales (ya complicadas por los conflictos sociales que han parado, en muchos casos, la producción); y, sobre todo, tendremos los efectos de la reducción de las tasas de crecimiento de la inversión privada. Se proyecta que esta sea de -3,7% para la inversión minera el 2022 y de – 0% para la inversión privada total. Como se sabe, esta es el motor del crecimiento económico (en promedio, 20% del PBI se convierte en inversión privada y solo 5% en inversión pública).
Otros factores que generan incertidumbre
Otro aspecto que contribuye a generar incertidumbre en los agentes económicos es el Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre la terciarización laboral. Si bien actualmente está en la Comisión de Economía del Congreso de la República, donde posiblemente se derogue, el ministro del sector ya anunció que, desde el Ejecutivo, insistirán con la norma. Esto provocará una inmediata reducción del empleo formal, “informalizando” aún más las ya precarias condiciones del trabajo en el Perú, y perjudicando seriamente la actividad empresarial.
Las medidas positivas que podrían dar el MEF y el BCRP para mantener la estabilidad macroeconómica, tales como el Programa Impulsa Perú y la política monetaria antiinflacionaria, se ven opacadas por las acciones de unos ministerios (como el MTPE) o las omisiones de otros, como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEF), sobre todo en el caso de conflictos mineros que no son abordados con la prontitud y eficiencia que la situación amerita. Por ejemplo, el inicio de las operaciones del Proyecto minero de Quellaveco, cuyo impacto en el crecimiento de PBI puede ser de 0,3%, con una inversión de US$ 5500 millones, tiene el riesgo latente de que pueda parar sus operaciones iniciales. Según información de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se registran 211 conflictos sociales. Indican, además, que en muchos casos el Gobierno los incentiva. En general, el manejo de la administración y gestión pública, sobre todo a niveles sectoriales, presenta un nivel de ineficiencia mucho más acentuado del que ya presentaba históricamente.
El entorno internacional
Más allá de los precios internacionales, tampoco será favorable el entorno internacional, debido a la elevación de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo (esto obliga a que el BCRP también eleve sus tasas de interés para evitar la fuga de capitales). En todo caso, el problema continuará en los próximos años por la excesiva cantidad de dólares que existe en la economía mundial (de hecho, existe la amenaza de una posible crisis financiera en los años siguientes).
Este entorno financiero complicado y la desconfianza del empresariado, frente a la situación de la política interna, opacarán las medidas de impulso a la inversión privada dadas por el Ejecutivo, que van desde la deducción adicional temporal del 50% del gasto por un año para la contratación de nuevos trabajadores, hasta la modificación del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV. Sin embargo, la inversión privada no tendrá el crecimiento esperado, debido a los elevados costos de financiamiento, en soles y en dólares, y la ausencia de nuevos proyectos de inversión minera de gran magnitud para operar en el corto plazo. Sí se pronostica nuevas inversiones privadas en construcción y agroindustria, pero sujetas desenvolvimiento de la situación política que impacta sobre la confianza empresarial.
Problema estructural de heterogeneidad territorial
En su más reciente Reporte de Inflación, el BCR proyecta que nuestro PBI crecerá 3% el 2023, en tanto la Inversión Privada crecería solamente 1,8%. Esto no es bueno porque la evidencia empírica nos muestra que el crecimiento de la inversión privada debe ser mayor que el crecimiento del PBI para que este sea sostenible.
Pero, más allá de las cifras macroeconómicas persiste en el Perú un problema estructural de heterogeneidad territorial, siendo el Perú un país que concentra su PBI en la capital Lima (casi 50%), y muy lejos: Arequipa (5,5%) y La Libertad (5%). Luego sigue una larga lista de regiones con aportes entre 0,2% y 3% al PBI. Esto nos convierte en una nación inviable, en términos políticos, sociales y económicos; y con un Estado que no funciona, que no llega a todo su territorio y que es incapaz de brindar los servicios básicos de manera eficiente. Así, el panorama de mejora en la eficiencia de la inversión pública se vuelve una quimera.
Gran parte de la solución para la mejora de las condiciones económicas, en el corto plazo, pasa por una mejora en las condiciones políticas y en una reducción de la inestabilidad provocada, principalmente, por el Ejecutivo. El desenlace de una situación de ineficiencia en la gestión pública sectorial, e incluso posible corrupción generalizada, debería ser la toma de conciencia de la ciudadanía, en todos sus niveles, para evitar que la situación impacte en el crecimiento de la actividad económica, que tanto esfuerzo ha costado consolidar en los últimos 25 años.
Hay que recordar que la única forma para reducir la pobreza de manera estable es aumentando el PBI. Cuando aún falta mucho por mejorar, no podemos retroceder lo ya avanzado.
